Historial breve de abusos de autoridad durante la cuarentena (y la importancia de restaurar los derechos constitucionales)

El pasado 14 de marzo, por unanimidad de votos se aprobó el Decreto Legislativo 593 y entró en vigencia por una duración de 30 días la Ley de Emergencia Nacional. Con ello vino el Estado de Excepción, restringiendo en gran medida varios derechos constitucionales de los ciudadanos salvadoreños, especialmente el de la libre circulación a causa de la cuarentena domiciliar impuesta por el gobierno.

El síntoma general entre la población, e incluso entre la muy afectada empresa privada, ha sido favorable a las medidas- siempre y cuando se permitiera salir para abastecerse de alimentos, medicinas, trámites bancarios o algún mandado de urgencia médica, en fin, todo aquello que fuese estrictamente necesario. Lamentablemente, la historia en nuestro país -como en la mayor parte de América Latina- demuestra que en cuanto a las autoridades se les da la mano ya lo están agarrando a uno del codo.

El 25 de marzo circuló un video en las redes sociales en las que grupo de policías detenían a un hombre de 60 años en Santa Ana por andar en la calle en plena cuarentena. Sin motivo aparente, se ve cómo un oficial golpea brutalmente al anciano en la cabeza en más de una ocasión. “Esto no puede seguir sucediendo”, publicó el Fiscal General en su cuenta de Twitter. Pero vaya que siguió.

La mañana del 7 de abril, Rolando Antonio Castillo salió de su casa en San Miguel para comprar algunos alimentos y, según dijo a los medios, un poco de tamarindo para refrescarse de las sofocantes temperaturas que han azotado al país recientemente. Incluso llevaba una notita en su bolsillo con lo que debía comprar: cebollas, leche, chile verde, etc. Nunca se imaginó que momentos después un grupo de policías le engancharían su bicicleta al cuello, le atarían las manos y le harían caminar así varias cuadras. Estuvo 8 horas retenido solo para que lo expulsaran de un centro de contención.

El viernes 10 de abril, en San Julián, Sonsonate, un grupo de 4 policías le pidieron un soborno de $50 al joven de 19 años, Alfredo Isaac Canesa Flores, que había salido a echarle combustible a su motocicleta. Como se negó, estos le infirieron dos balazos, uno en cada pierna.

Este es apenas un breve historial de los abusos en los que ha estado incurriendo la Policía y los militares -según parece, escalando en violencia y sadismo a medida pasan los días- en contra de los ciudadanos que han salido por X o Y razón durante la cuarentena. Parece sorprendente, pero qué se podía esperar cuando el propio presidente de la nación les dice en plena cadena nacional que no le va a importar ni un poquito si los ciudadanos se quejan de que “ay, me doblaron la mano”.

Qué de raro tiene, si el presidente hace caso omiso de un habeas corpus otorgado por la Sala Constitucional, que determina que estas detenciones de ciudadanos son ilegales si no se logra demostrar que son posibles focos de contagio y más bien motiva y ordena que se hagan más. Qué más podríamos esperar, si la respuesta de Bukele a las críticas del presidente de Human Rights Watch (organización internacional no gubernamental que investiga y defiende los Derechos Humanos en todo el mundo), José Miguel Vivanco, es bloquearlo de Twitter. Y ordenar, por supuesto, más capturas. 

Los diputados se dieron un tiempo extra de 4 días más al extender al Estado de Emergencia. Más nos vale a los ciudadanos que los utilicen para repasar estos hechos, recapaciten y restauren los derechos constitucionales. De lo contrario, nadie quedará exento de salir con un balazo en las piernas la próxima vez que salga por unos huevos, chiles, tomates, combustible…