Funcionarios que utilicen fondos públicos durante Estado de Emergencia inconstitucional podrían incurrir en un delito
Redaccion
Posted On May 18, 2020
EL SALVADOR. – Según los expertos en leyes y en la Constitución de la República, uno de los motivos ulteriores que llevaron al gobierno de Nayib Bukele a volver a usurpar poderes durante el fin de semana para extender el Estado de Emergencia durante 30 días, es el de seguir metiendo mano en los fondos públicos sin rendir cuentas.
La Fiscalía General ya solicitó a la Sala de lo Constitucional que declare el decreto ejecutivo 18 –mediante el cual Bukele ha extendido el Estado de Emergencia- inconstitucional. Basados en la relación antagonista que se ha fraguado entre la Corte Suprema y el presidente desde que llegó el Coronavirus al país, lo más seguro es que el Estado de Emergencia sea declarado nulo.
El decreto legislativo 593 dejó establecido que el gobierno y las alcaldías podían realizar compras directas, sin pasar por procesos de licitación debido a la emergencia del Coronavirus. Después de varias extensiones a dicho decreto, este venció el 16 de mayo.
Por tanto, todo alcalde o demás funcionarios públicos que se apresure a usar fondos públicos para realizar compras en este limbo legal, se presta para caer en responsabilidad patrimonial o administrativa e incluso hasta penal.
En ese sentido, los funcionarios deben atenerse estrictamente a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
“Todos los funcionarios públicos que realicen actos administrativos basados en Decretos nulos tendrán responsabilidad. Los proveedores del Estado también deben tenerlo en cuenta. Pueden quedar inhabilitados al participar en compras corruptas. Es mejor seguir el proceso LACAP”, explicó VictorHugo Suazo, abogado y diputado del FMLN.
“A partir de este día, cualquier proceso de compra que se haga deberá seguir el proceso establecido por la LACAP, de lo contrario podría ser constitutivo de delito”, comentó el exsecretario de asuntos jurídicos del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).
“La presente disposición adquiere carácter especial y prevalecerá sobre cualquiera que la contrarié, inclusive sobre los procedimientos de adquisición y contratación establecidos en la LACAP”, se lee en el artículo 9 del nuevo decreto 18 anunciado por el presidente, abriendo todas las puertas a la corrupción y desvío de fondos públicos durante la emergencia.
