Defensores de Derechos Humanos exigen al gobierno acelerar retorno de salvadoreños varados en el exterior

EL SALVADOR. – Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de Human Rights Watch y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se reunieron ayer para participar en el foro virtual “Salvadoreños varados en el exterior en el contexto del COVID-19″, el cual tuvo como conclusión principal que el gobierno de Nayib Bukele está obligado por tratados internacionales a permitir el retorno de los compatriotas varados en el exterior y que debe acelerar el paso en dicho proceso.

Hay grupos de connacionales que ya suman más de 60 días atrapados en otros países debido a las medidas para combatir la propagación del COVID-19, que incluyen el cierre de aeropuertos o la suspensión total de vuelos comerciales. 

Algunos ya no tienen dinero ni en dónde quedarse. Otros han llegado al extremo de ofrecer pagar su vuelo y todos los gastos relacionados con la cuarentena con tal de que les permitan regresar al país. El gobierno de Bukele no ha respondido. A la fecha, solo se han repatriado algunos compatriotas desde Nicaragua por vía terrestre y otros desde Panamá gracias a un vuelo humanitario que originalmente estaba destinado a transportar argentinos.

“Los nacionales salvadoreños que se encuentran fuera de su patria están bajo la tutela del Estado salvadoreño y también frente a ellos deben de actuar con debida diligencia para proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal. Es evidente que por su situación de varados están en una situación de riesgo y que la manera más segura de salvaguardar su salud y su integridad es la de escoger de estar de regreso a su patria y ahí hay una obligación del Estado”, opinó Joel Hernández, presidente de la CIDH.

Hernández destacó que según el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el gobierno está obligado a facilitar el retorno de los varados.

“Si fuera por el gobierno de El Salvador, este tema ya estaría resuelto, y habría dispuesto negarle la posibilidad de regresar a El Salvador a sus nacionales”, dijo Vivanco, quien agregó que “en el caso de El Salvador estamos ante una negación arbitraria y temporal del derecho a ingresar al país de origen. Todas las circunstancias demuestran que la posición del gobierno del señor Bukele, es una posicionarbitraria que contradice sus obligaciones jurídicas no solo internas, sino que también, lo cual es muy grave, de tratados internacionales de los cuales El Salvador es Estado parte”, comentó por su parte  José Miguel Vivanco,  director de la División de las Américas de Human Rights Watch.