Hacienda y Ministerio de Agricultura se cubren para no rendir cuentas de $137.7 millones del FOPROMID
Redaccion
Posted On September 1, 2020
EL SALVADOR. – El ascenso de Alejandro Zelaya como el nuevo ministro de Hacienda dejó a más de un salvadoreño perplejo pues este salió implicado en un contrato irregular obtenido con el ministerio de Salud durante la pandemia, pero ahora la función de este toma sentido cuando el ministerio de Hacienda justifica al Ministerio de Agricultura que no ha rendido cuentas de $137.7 millones que le fueron transferidos del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID).
El ministro de Agricultura, Pablo Anliker, asegura que los fondos se utilizaron para la compra de paquetes alimenticios que el gobierno estuvo entregando a los afectados por la pandemia.
Sin embargo, el ministro no ha sido capaz de cómo se gastaron esos millones, además de $151.9 millones que se gastaron en una primera entrega de paquetes alimenticios. Y esto a pesar de que la Corte de Cuentas le ha exigido los informes detallados en repetidas ocasiones.
En adición a esto, tenemos que el artículo 7 de la Ley del FOPROMID indica que una vez se levanta la emergencia, las instituciones que recibieron fondos deben hacer una liquidación con la documentación del caso. El artículo indica que se otorgan 15 días hábiles para realizar la liquidación, pero ahora el ministro de Hacienda dice que son 20 días, dándole más tiempo al ministro Anliker que ya ha tenido todas las prórrogas posibles para informar sobre sus compras y no lo ha hecho.
La Unidad de Acceso a la Información Pública de Hacienda (UAIP) se basa en la ausencia de un decreto que establezca el fin de la emergencia para no proveer información del caso, valiéndose de un vacío legal que el propio gobierno ha maquinado.
Sin embargo, los expertos concuerdan en que no hace falta dicho decreto. “El estado de emergencia que es la figura jurídica que se desprende de esa ley concluyó hace rato. No siempre hace falta un decreto o una nueva ley que diga que se acabó la otra ley, a veces basta con que se agote el plazo para el que fue creado, y el plazo se puede acabar porque el decreto así decía, que duraba, por ejemplo, 15 días, o porque en este caso una sentencia declaró que ese decreto era contrario a la Constitución”, explicó el abogado José Marinero, especialista en derecho administrativo.
“Cuando hay un verdadero compromiso para transparentar por rendir cuentas y hacer un buen uso de los fondos públicos, todas las acciones encaminadas van a ir en pro de resguardar la información que pueda acreditar el buen uso de los fondos públicos”, opinó por su parte la abogada Xenia Hernández.
