Gobierno reduce presupuestos de instituciones que controlan y fiscalizan uso de fondos públicos

EL SALVADOR. – Recientemente el nuevo ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó el respectivo proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2021. LLama la atención que en este se reducen significativamente las asignaciones presupuestarias a instituciones encargadas de controlar y fiscalizar el uso que el gobierno hace de fondos públicos, así como de entes que han sido críticos de la actual administración del país- especialmente durante la pandemia.

$1.7 millones bajó el presupuesto de instituciones como la Corte de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal de Ética Gubernamental, Procuraduría General de La República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, entre otras.

A simple vista parece una desarticulación sistemática de todo aquello que signifique transparencia y, si le damos vuelta a la pintura, lo que nos queda es un cuadro que alienta a la corrupción, a la malversación de fondos, al secretismo y a las violaciones a la Constitución y los Derechos Humanos. Un panorama preocupante.

“Lo que está haciendo es desmantelándolas poco a poco. Es una forma de reducir su margen de actuación, disminuir sus posibilidades de ejecutar sus atribuciones. La reducción de esa plata va asociada o termina repercutiendo en recursos humanos, auditorías, veedurías y acceso a la información”, opinó en esa línea Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de FUNDE.

Reducciones presupuestarias• Corte de Cuentas: -$600,000.• Instituto de Acceso a la Información Pública: -$100,000.• Procuraduría General de la República (PGR): -$600,000.• Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH): -$300,000.• Tribunal de Ética Gubernamental (TEG): -$100,000