Director de la PNC desobedece a la Constitución al no llevar al ministro de Hacienda a la Asamblea

EL SALVADOR. – Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, afirmó que el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, está desobedeciendo a la Constitución de la República al no acatar la solicitud de la Asamblea Legislativa de llevar por la fuerza a Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, al salón azul para que al fin rinda cuentas de cómo el gobierno ha gastado los fondos obtenidos para la pandemia.
Pedido que el mismo ministro ha desestimado por 3 veces consecutivas ya, facultando así a la Asamblea a requerirlo por la fuerza.
Sin embargo, el director de la PNC, tomando bando con el ministro y el presidente de la República, también ha optado por ignorar su responsabilidad y, sencillamente, lo que la ley del país manda. Reflejo de la pobre condición en la que se encuentra la democracia del país, en la que cada funcionario, institución y poder hace lo que quiere, ignorando a la Constitución a diestra y siniestra.
“Lo que ha pasado es que el director de la Policía ha interpretado las órdenes, en este caso él no está facultado para interpretarlas. Él como autoridad sólo está obligado a cumplir el requerimiento que ha hecho la Asamblea Legislativa de que lleve a la persona (ministro de Hacienda). Él ha interpretado y no lo tiene que hacer. (También) ha hecho valoraciones políticas sobre la orden de la Asamblea, él no tiene que hacer ese tipo de liberación, es una autoridad que ejecuta”, explicó el director de Acción Ciudadana.
Escobar resaltó, además, que dicho desacato no debe ser tomado a la ligera pues pone en peligro la institucionalidad del país.
“Él está desobedeciendo lo que dice la Constitución y está llevando al peligro al país porque las autoridades de seguridad pública y Fuerza Armada están desobedeciendo las ordenes legítimamente dadas por las autoridades”, dijo.
“Ponen en riesgo al país porque no se pueden llegar a cumplir las órdenes judiciales o requerimientos fiscales, esto significa que las autoridades no tienen la capacidad de hacer cumplir sus resoluciones porque las fuerzas de seguridad pública no las van acompañar porque se están politizando. Es grave que las autoridades públicas no estén acatando las órdenes es un precedente que podrían hacer lo mismo con otras órdenes”, añadió.