Hasta posibles ejecuciones extrajudiciales señala informe de FESPAD sobre pandemia
Redaccion
Posted On December 16, 2020
El informe de la Fundación para la Aplicación del Derecho (FESPAD) titulado “Impacto del COVID-19 en los derechos humanos y la seguridad pública de El Salvador”, fue presentado por Saúl Baños, director de la fundación.
En dicho documento se mostraron datos sobre privaciones de libertad, abuso de poder de las autoridades, entre otras informaciones relacionadas con los derechos humanos elementales.
La pandemia y el respeto a la ley no son excluyentes
Según Saúl Baños el objetivo del informe es que “contribuya al debate y construcción de propuestas, ya que la pandemia debe atenderse bajo el marco del respeto de la constitución y las leyes del país”, enfatizó.
Para el director de FESPAD hubo un proceso de regresión de los derechos humanos, “despidos de trabajadores, irrespeto del debido proceso, también se dio desmontaje de la institucionalidad”con la llegada del Gobierno en julio del año pasado, según Baños. Además aclaró que el proceso de agresividad aumentó cuando comenzó la pandemia.
Derechos humanos afectados por mal manejo de pandemia
Para Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de FESPAD “un aspecto común durante toda la gestión de la pandemia ha sido y sigue siendo la falta de entendimiento y los conflictos Inter orgánicos para la definición del marco legal y abordaje de la pandemia”, del mismo mododijo que la atención del Gobierno a la pandemia “se ha caracterizado por la falta de definición de cómo abordar la pandemia lo que ha llevado a una permanente inseguridad jurídica y haerosionado al estado de derecho afectando los derechos humanos de la población”.
Posibles ejecuciones extrajudiciales
Carrillo también manifestó que “entre el 21 de marzo y el 12 de mayo se registraron 1,337 casos de presuntas violaciones a derechos humanos, entre los que destacan algunos casos de posibles ejecuciones extrajudiciales”.
Según el informe 2,424 personas estuvieron en centros de contención hasta el 09 de mayo, ya para el 16 de junio ya eran 3,113, según datos que obtuvieron de la Policía Nacional Civil (PNC).
Jeannette Aguilar, especialista en temas de seguridad, habló sobre ciertos hallazgos del informe y habló sobre el papel de la Fuerza Armada, “el gobierno aprovechó para profundizar la militarización del país y para responder bajo un esquema de guerra a una crisis eminentemente de salud. El propósito primordial era imponer poder, aseveró Aguilar.
La especialista en seguridad también criticó el trabajo de ciertas instituciones, “las instituciones nos fallaron. No funcionó la fiscalía, la procuraduría, no estuvieron tan a la altura de las demandas de todos los abusos. La Sala de lo Constitucional respondió de manera tardía cuando ya estos abusos y arbitrariedades y las vulneraciones se habían materializado y habían afectado a miles de ciudadanos”, enfatizó.
